domingo, 5 de septiembre de 2010

¿POR QUÉ DEBEN DE AYUDAR A LOS MINUSVÁLIDOS LOS PODERES PÚBLICOS?

Ahora que se acerca la campaña electoral por las elecciones catalanas, seguramente se hablara de todo tipo de promesas, y los partidos se reprocharan cada uno de los fallos políticos, y seguramente, como ya viene siendo habitual, el problema de los minusválidos se pondrá en tercer o cuarto plano, o incluso hasta se olvidará, a pesar de que cara a la galería, puede que algunos candidatos se retraten ante las entidades de minusválidos, como un simple episodio más de la campaña electoral. Como otros tantos artículos constitucionales que no han llegado a desarrollarse, también quedará olvidado el Artículo 49, el único que hace referencia a los minusválidos, y que dice textualmente:


LOS PODERES PÚBLICOS REALIZARAN UNA POLÍTICA DE PREVISIÓN, TRATAMIENTO,REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DISMINUIDOS FÍSICOS, SENSORIALES Y PSÍQUICOS, A LOS QUE PRESTARÁN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
QUE REQUIERAN Y LOS AMPARARÁN ESPECIALMENTE PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS QUE ESTE TÍTULO OTORGA A TODOS LOS CIUDADANOS.


Y por eso hoy , aprovechando que estamos en período de pre-campaña electoral, quisiera hacer un toque de atención, ya que estoy vinculado al mundo del minusválido a través de MIFAS (la entidad de los minusválidos más importante de Girona, y de toda Catalunya).

La cuestión que yo planteo es: ¿deben los políticos conllevar en su programa electoral algunas propuestas que garanticen que se va a ayudar a los minusválidos, tal como indica el mandato constitucional?. El caso no es otorgar limosnas, pero creo que necesita una explicación un poco más detallada, y eso voy a intentar:


Creo que toda familia que tiene un minusválido entre sus miembros, se ve afectada por una dependencia involuntaria, e incluso por unos mayores gastos si cabe. Pues, por ejemplo, un niño minusválido puede necesitar un refuerzo especial, seguir un tratamiento médico-educativo que precisa tiempo y desplazamientos, adquirir una costosa silla motorizada, o una carísima prótesis, o una cama especial elevadora que tiene su coste, por citar algunos casos. Lo mismo una persona minusválida en la edad adulta, que sufre las dificultades del acceso e integración al trabajo, y por eso necesita ser ayudada en forma de descuentos fiscales, contratos amparados, e incluso alguna pensión si cabe. O una persona ya entrando en la edad provecta, que precisa un cuidador para sus necesidades diarias de comida, vestido, aseo, etc… Todas esas limitaciones involuntarias significan mucho dinero, importantes gastos que no se darían en una familia normal, aparte de quienes más lo necesitan son aquellas personas que más difícil lo tienen de conseguir por sus propios medios esas necesidades de gastos económicos. Por eso de lo que aquí se trata es de una cuestión de justicia., ya que lo que supuestamente se entiende por “justicia social”, habría que medirlo en la forma que una sociedad y un país trata y ayuda a su gente más impedida. Pues cuando veo que siempre existen abundantes partidas de dinero público sacados de los impuestos, para por ejemplo, ayudas masivas a los inmigrantes, dinero público para estimular a compra de coches, dinero destinado a actividades en el extranjero, dinero para obras públicas que según en qué lugares son completamente inútiles como el caso de buenas carreteras en zonas casi desérticas, subvenciones a diestro y siniestro para lo que interesa al poder de turno,…pero que el dinero para atender a las necesidades de los minusválidos no llega a su debido tiempo ni está justamente repartido, no podemos hablar de que estamos en una sociedad de auténtica justicia social. Es más, lo que se entiende por una sociedad justa, es aquella que ante todo primero atiende las necesidades de su gente más impedida y con mayores dificultades, y les da primero las oportunidades para que puedan tener el máximo de autonomía posible, dentro de sus minusvalía, porqué es por aquí por donde se empieza a dar el buen ejemplo de lo que algunos consideran o llaman “justicia social”.

No todos son iguales, y por ejemplo, no puede correr lo mismo una persona sana y normal que un cojo, ni puede llegar a cualquier parte una persona normal que otra que está apegada de por vida en una silla de ruedas. Por eso hay que concienciarse de que habrán personas que necesitaran un determinado empleo exclusivamente reservados para ellos según sus capacidades, para no tener que vivir de la limosna de una pensión; otras necesitarán adaptar su casa o piso con costosas obras, otras viajar con un vehículo adaptado, algunos estudiantes necesitaran becas especiales que cubran gastos de su minusvalía como transporte adaptado, médico, o profesor particular, etc…., y todo eso cuesta un mogollón de pelas, que las tiene que poner el Estado, porque desgraciadamente el 99% de los minusválidos no son ricos, y la mayor parte de ellos están en riesgo de serias exclusiones sociales, y más ahora en tiempos de crisis. Aquí solo puede llegar la mano del Estado, y de hacer cumplir el dichoso artículo 49 de la Constitución, para hacer realidad operativa los derechos del minusválido.



Por otra parte, con la excusa de la crisis, ya es toda una injusticia que el presidente Zapatero pasara la larga tijera de los recortes, en algunas de las ayudas que venían percibiendo personas con minusvalía. Y no digamos la burla de los papeleos burocráticos, que tardan meses y hasta años en aprobarse, otros tantos pasan desde que te lo comunican, hasta que te ingresan el cheque del dinero de la ayuda en tu cuenta del banco. En defnitiva, la falta de la aplicación en su totalidad de la misma Ley de la Dependencia , por parte de los poderes públicos, exclusándose ahora con lo de la crisis y la falta de recursos. Pero creo que todo eso se debe de terminar, aunque más que no yo mismo, creo que son los mismos minusválidos los que mejor conocen sus problemas y los que deberían de hacer llegar sus propuestas a los partidos políticos y a las administraciones para que de una vez por todas se deje de hacer “mucho ruido y pocas nueces”, y se les ayude ya como una cuestión y un principio de justicia social, priorizando su gasto en esto, que es de justicia social, y no en lo otro que más bien en muchos casos es despilfarro insultante. Y en esto quisiera hacer ese toque de atención ante la campaña electoral catalana que se avecina, aunque de entrada ya tengo el presentimiento de que después de esto, todo quedará en el olvido, como nos tienen acostumbrados, a no ser que se hagan las cosas de un modo violento, o que por fin, los políticos despierten ya, y pongan sentido común, cosa que veo difícil, dado la enorme incultura y mediocridad imperante.