SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL SOBRE ESTATUTO CATALÁN, VERSUS REFERENDUM INDEPENDENTISTA DE CATALUNYA

Tras la muerte de Francisco Franco (vencedor de la Guerra Civil española, y elegido en Burgos dictador a perpetuidad, con el título de Caudillo), su sucesor el Rey de España Juan Carlos I (legitimado por el pueblo español a través de un referéndum que se celebro sobre la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado), con casi los mismos poderes absolutos que tenía el anterior Caudillo de España, nombra jefe de Gobierno a un político joven de su generación llamado Adolfo Suárez, y le encarga un proceso de convertir a España en un Estado democrático en línea con el resto de las democracias europeas. Para legitimar el proceso, el nuevo presidente de gobierno Adolfo Suárez convoca un referéndum para la reforma política en un 15 de diciembre de 1976, en la que la inmensa mayoría del pueblo español dice Si, “para que calle la demagogia”, como rezaba la propaganda institucional del referéndum. Ello lleva a una apertura política, a la amnistía de presos políticos y a la legalización de los partidos políticos, incluido el comunista, el tradicional enemigo del anterior régimen. Se trata una fecha para las primeras elecciones democráticas, en un 15 de junio de 1977, que aparentemente ganaría el partido gubernamental en la persona del propio presidente Adolfo Suárez, para formar unas Cortes Constituyentes en las que entre todos los partidos políticos representados ambas cámaras tenían la misión básica de elaborar una nueva Constitución. Dicha Constitución se aprobó en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978 (y de ahí el origen de la festividad de esa fecha, dos días antes de la tradicional de la Purísima). Dicha Constitución, de la que hoy en día está bastante cuestionada, despojó al Rey Juan Carlos I de casi todos los poderes absolutos con los que le facultó el dictador Francisco Franco, relegándolo a un simple símbolo de la unidad nacional y de representación del pueblo español, reservándose para el monarca el título de Jefe del Estado. Excepto el desacuerdo de algunos partidos extremistas, nacionalistas radicalizados, u otros de testimonio residual, la nueva Carta Magna nació con el consenso de una amplia mayoría de los partidos políticos representados en las Cortes. El presidente Adolfo Suárez dijo de ella “esta es la Constitución de la Concordia”, y el futuro presidente del gobierno Felipe González, en el momento de votarla dijo: “espero que como mínimo dure 100 años”. Estaba considerada por los expertos en Derecho Político, como una de las democráticas y mejores constituciones del mundo, muy en la línea con los derechos humanos,....aunque no incluía en sus artículos ese especial artículo de la constitución norteamericana (de más de 200 años, y hasta la fecha considerada como una de las mejores del mundo) que exponía el derecho de todo ciudadano de buscar la felicidad. El doloroso recuerdo de la Guerra Civil, en la que las convulsiones sociales e ideológicas llevaron a que se mataran españoles contra españoles, dejando un lastre de sangre derramada estúpidamente por cientos de miles de españoles, influyó en el sentido común de que hubiera consenso en la nueva Constitución española.

Ahora bien, aunque de aquí salió una Constitución de simple aprobado, por no decir de sobresaliente de nota, a mi modesto entender conllevó dos importantes fallos: la definición confusa del término nación, que nos ha llevado a la creación de casi 17 estados semi independientes, cada cual con sus propias leyes, parlamentos y gobiernos; y el artículo que reconoce el derecho a la huelga, del que se ha hecho un abuso en la forma de violar los derechos de aquellos otros ciudadanos privándoles de su derecho a ir al trabajo, abrir su tienda, o circular libremente por una carretera o calle,...y que tanto daño e inseguridad termina haciendo a la economía del país. Para todo lo demás, si los políticos cumplieran e hicieran realidad operativa los mandatos de la Constitución, el país quedaría bastante normalizado y podría decirse que funciona bien. Pero tras 31 años de Constitución, todavía no alcanzan para todos los ciudadanos los derechos que les otorga la Constitución Española, porque si se reconoce el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, y a una vida digna, etc..,....¿cuántos españoles son los que de verdad tienen un trabajo decente, tienen que pagar los gastos de escuela obligatoria para sus hijos (que desde luego no son gratis, aunque así lo pretende la Constitución), o disponen de vivienda accesible, aparte de una vida con derecho a seguridad, a la libertad, y a ser respetado?. Como puede verse, esa Constitución que expone muy buenas intenciones, tiene mucho de papel mojado. Y por si fuera poco, la existencia de un Alto Tribunal, por encima de todos los demás que tenemos en nuestro país, el llamado Tribunal Constitucional, lo preside una jueza llamada Emilia Casas que se lleva el sueldo público más alto de toda España, de varios miles de euros al mes (y apenas no trabaja nada esa señora), con lo que ello supone de escandaloso e insultante al resto de los ciudadanos españoles, por tan sólo por ese simple juego de niños que consiste ser la persona autorizada en interpretar según su interesado parecer si cualquier cosa está en litigio con la letra que emana de la Constitución (y eso de que el actual presidente del Congreso José Bono haya dicho que “nadie está en posición de la verdad absoluta”). Y se supone que las pretensiones del gobierno catalán de suprimir la enseñanza de la lengua castellana ( para colmo ya no la llaman ni “lengua española”) en los colegios de Cataluña, entre otras cosas, llevó al Partido Popular a presentar un recurso ante el tribunal constitucional que cuestionaba el termino “nacionalidad” en el nuevo Estatuto Catalán actualmente vigente, que si se observa bien, fue muy poco votado en un referéndum celebrado en Cataluña, y por tanto bastante deslegimitado. Por otra parte, si se compara el actual estatuto catalán, con el anterior salido de la Generalitat provisional que por entonces presidía Josep Tarradellas, el anterior era muchísimo más simple y mejor, ya que el actual prima bastante lo social, como si fuera casi la copia de los principios del manifiesto de algún partido socialista, sin exponer de dónde van a salir los recursos, quiénes tendrán que pagarlo, y cómo se van a financiar todo lo social en derechos que expone dicho estatuto catalán vigente (y ahora cuestionado en el Tribunal Constitucional), aparte de que prima los derechos de las mujeres por encima de los del hombre (quizás por aquello de la “discriminación positiva”, término que tanto se ha puesto de moda últimamente).

En consecuencia, aquí tenemos una cuestión delicada: ¿o somos nación española, o somos unas 17 nacionalidades independientes que tan sólo estamos enmarcados artificialmente dentro de una Constitución común?. Las actuales comunidades autónomas, reconocidas por la Constitución Española, tienen todas ellas casi todas las competencias, de tal manera que somos casi 17 estados independientes, con las que las aspiraciones independentistas de algunos territorios autónomos, como el catalán, por ejemplo, apenas tienen sentido. Ciertamente que por aquello de que unas regiones pagan más tributos, y a cambio reciben menos, han irritado (y con razón) a ciertos políticos locales, que piensan que lo mejor sería la independencia, que es algo que en Catalunya haya llevado a que se estén celebrando consultas electorales en determinados municipios sobre la independencia que carecen de validez legal y que no son vinculantes, pero en la que animan al voto y a la participación políticos de, por ejemplo, CiU, que son los mismos que participaron en la elaboración de la Constitución Española, y que hasta ahora la acataban, dando toda una muestra de contradicciones políticas. ¿Se acuerda alguien de Miquel Roca i Junyet (Roca i “Chu-chen” para los amigotes de Madrid, dado lo difícil que tenían de pronunciar su segundo apellido catalán), importante ex dirigente de CiU, y uno de los redactores de la Carta Magna Española?. Otra cosa es que los apadrine ERC, un partido político catalán que todos sabemos lucha para que Cataluña sea un estado independiente del resto de España, y su actitud es por ello del todo comprensible. No obstante, habría que hacerse la pregunta del millón: por ejemplo, ¿cómo es que el resto de las comunidades autónomas han suprimido el injusto y abusivo impuesto de sucesiones, aunque en unas pocas solo se paga un impuesto irrisorio, mientras que en Cataluña el gobierno catalán trata por todos los medios de que siga vigente el excesivo, abusivo e injusto impuesto de sucesiones?. ¿Será que es uno de los pocos impuestos que desea retener para poder tener un instrumento con el que financiar eso que propone el actual estatuto catalán, ahora cuestionado en el tribunal constitucional?. ¿No da de qué pensar eso sobre una supuesta independencia de Cataluña?. Otro ejemplo: ¿por qué la polícia autonómica catalana cobra unos altos sueldos de muy sensibles diferencias en comparación con las policías del resto de los territorios españoles?. ¿Por qué particulares o empresas empadronan su residencia o registran sus empresas en determinada región de España, según sus intereses fiscales?, ¿por qué en determinadas autonomías los niños tienen gratis los servicios dentales, y en otras sólo les cubre parte o nada?,….¿por qué en muchísimos aspectos los españoles no tenemos los mismos derechos?. ¿Por qué esto parece más bien un reino de 17 estados taifas?. La polémica está servida.

Por otra parte, para los que queráis saber mi opinión os diría lo siguiente: si fuera magistrado del Tribunal Constitucional propondría fallar en contra del actual estatuto catalán, y proponer la elaboración de un nuevo estatuto que estuviera más acorde y en línea con el espíritu de la Constitución actual que ha de enmarcarlo, dando un toque especial sobre que debe de tenerse muy presente que a la hora de elaborar otras modalidades de “Cartas Magnas” para las comunidades autónomas, las libertades públicas son unos derechos al que hay que darles prioridad por encima de todo lo demás. En otras palabras, por ejemplo, que cada cual tenga derecho a aprender en la lengua que desee, y que esté claro que tanto hombre como mujer han de ser iguales en sus derechos. También pienso que el actual estatuto catalán viene a institucionalizar una sociedad en la que unos podrán vivir de gorra, y otros menos afortunados tendrán que arreglárselas para sobrevivir y aún así ser los que pagan el bienestar de los demás, saliendo adelante como es natural, los más fuertes. Por eso pienso que es un estatuto injusto, y un fallo en contra del actual estatuto catalán por parte del Tribunal Constitucional, si bien cabrearía a determinados partidos catalanes, mirado en positivo abriría otra oportunidad para elaborar otro estatuto en el que se pudieran corregir en esta nueva edición los errores del estatuto anterior.