miércoles, 8 de julio de 2009

EL ACTUAL REINO BORBÓNICO ESPAÑOL DE TAIFAS, LOS FUNCIONARIOS, Y LOS DELIRIOS INDEPENDISTAS.

Se está acercando la fecha límite del 15 de julio y de acuerdo con la palabra del presidente del gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero debería de estar listo el tema de la financiación autonómica, sobretodo en cuanto se refiere al territorio catalán. Ese es un tema confuso y lleno de embrollos en los que nadie aclara de qué va, ni los políticos ni los periodistas. Nadie es capaz de explicar al ciudadano lo fundamental: de dónde sacarán el dinero, quién pagará, cómo lo gastarán, en qué lo gastarán, y dónde lo gastaran,....de todo ese tema de la financiación autonómica. Con esto estaba mirando una interesante estadística referente al anterior año 2008 sobre el número de funcionarios existentes en todo el reino de España: nada menos que 2.494.970 empleados en la función pública, repartidos entre el Estado, las comunidades autónomas, y los ayuntamientos, sin contar con los aproximadamente 100.000 funcionarios que hay en las universidades. Lo que no sé si se olvidó esta estadistica es de incluir a los funcionarios de los llamados consejos comarcales. Esas son las gentes que disponen de los mejores privilegios laborales del país, y por si fuera poco ni tienen que competir ni preocuparse de que le afecte ninguna crisis económica, ya que amparados por unas leyes discriminatorias con el resto de los ciudadanos, tienen el sueldo y el empleo a perpetuidad; es más: las crisis les benefician porque al provocar caída de precios, sus sueldos a costa del resto de los sufridos ciudadanos que los mantienen, nunca bajan, aprovechándose de la situación que les permite ganar aún más poder adquisitivo. No es de extrañar que en España todo el mundo quiera ser funcionario: pues supone trabajar muy poco y tener la seguridad de un buen sueldo vitalicio. En este sentido somos el país de la picaresca pública manifiesta, donde en las docenas de autonomías, los centenares de consejos comarcales, y los miles de municipios, algunos listillos con suerte pueden conseguir un enchufe con el que poder vivir eternamente de gorra dando muy poco golpe. ¿Para qué trabajar en la empresa privada si es trabajo precario, sueldo bajo, dura competitividad y explotación obligada?, y si a algún imbécil se le ocurre montar un negocio por su propia cuenta, debe afrontar los riesgos seguros de responsabilidades laborales, sociales, y a ser exprimido y machacado totalmente a impuestos. Ante este panorama, se dan las condiciones ideales de que lo mejor es hacerse funcionario.

Todo esto a costado a los entes públicos españoles la friolera de 103.285 millones de euros de gasto en pagar las nóminas para los funcionarios del mencionado año (17.185.178.010.000 antiguas pesetas, o sea más de 17 billones de pesetas, con “b” de burrada). Esta cantidad suponía algo más del 10% del P.I.B. nacional (producto interior bruto, la riqueza nacional que pueda producirse), y casi equivalente a la suma de toda la recaudación del impuesto de IRPF (unos 72.000 millones de euros), y del impuesto de sociedades de las empresas (unos 35.000 millones de euros); el resto del interminable surtido de impuestos, va para financiar otros despilfarros. Lo que supone un promedio de gasto anual de unos 41.398 euros por funcionario (unos 3450 euros mensuales de nómina por funcionario); esto es tan sólo un promedio, porque dentro del funcionariado también existen diversas categorías de cargos, y con ellos diversos niveles de sueldos. Todo un insulto a la inmensa mayoría de mileuristas y de sueldos de menos de 1000 euros, que somos la amplia mayoría de los que trabajamos en este país, y al mismo tiempo somos los que más sufrimos la crisis, la ansiedad del trabajo precario, el paro, etc... Con todo ese dinero que han costado tan sólo las nóminas de los funcionarios, supone casi el promedio de subsidio de desempleo de poco más de 9 MILLONES DE PARADOS. Desde luego, aquí no existe la pretendida igualdad de derechos, y sí el mal ejemplo de las administraciones con las discriminaciones laborales y la competencia desleal de la función pública contra el libre mercado de trabajo imperante. Ser funcionario en la España del siglo XXI es pertenecer a una nueva aristocracia, que con el tiempo necesitará una revolución que derribe los privilegios de la “nobleza funcionarial” de este actual régimen de condiciones laborales discriminatorias entre el resto de los otros ciudadanos que nada les garantiza sueldo y empleo a perpetuidad, y que encima tienen que competir en un mercado cada día más globalizado y con el capitalismo salvaje de siempre.

Teniendo presente que en aquel momento del año 2008 en España teníamos unos 23 millones de personas trabajando, nos resulta que por cada trabajador nos cuesta unos 4470 euros al año para mantener a todos los funcionarios según indicaba la estadística, de los cuales 2270 euros eran para el pago de las Comunidades Autónomas, 770 euros para los Ayuntamientos, y 1430 euros eran para el Estado, en el coste que debía de aportar cada trabajador español en las nóminas de los privilegiados funcionarios.

Las Comunidades Autónomas representaban 1.316.683 funcionarios en nómina, los ayuntamientos tenían 619.947 funcionarios en nómina, y la Administración Central otros 557.363 funcionarios en nómina. Vistas así las cosas, resulta que las Comunidades Autónomas españolas disponen juntas de más funcionarios que toda la administración central y los ayuntamientos juntos. Eso son las consecuencias del reino de taifas (del árabe ta'ifa, 'bandería') que se convertió a España durante la época de la transición: soportamos más del doble de los funcionarios sobradamente necesarios entre 17 comunidades autónomas (cada cual con su bandera propia, parlamento y gobierno) y las dos plazas en forma de ciudades autónomas que tenemos en África. Habría que ver cuántos funcionarios habían en España cuando se estrenó la Democracia tras la muerte del Dictador, y las comparaciones serían de escándalo.

Para el presente año 2009, no sólo se ha incrementado aún más la plantilla de funcionarios en todos los organismos públicos, sino que además se ha ido destruyendo gravemente empleo en el sector privado, que es el que de verdad mantiene el funcionariado con sus impuestos cada vez más altos, habiendo superado el listón histórico de los cuatro millones de parados, y subiendo. Ante estas condiciones desgraciadamente es dudoso que el país avance, y las probabilidades de que retroceda en todos los niveles se multiplican, con las desigualdades sociales cada vez más acentuadas y con una clase media camino de desaparecer.

De no existir las comunidades autónomas o los nuevos reinos de taifas, la función pública nos costaría menos de la mitad a los contribuyentes, pero es el precio que hemos tenido que pagar al escoger los padres de la patria ese modelo de Democracia Española, condicionado por el exagerado individualismo español, donde cada lugar el país quiere tener municipio propio y gobierno autónomo propio. Pero las consecuencias son que por ejemplo, en el reino de taifas español, las gentes no tienen los mismos derechos según el territorio donde estén empadronados: en algunos lugares los niños tienen dentista gratis; en otros los libros de texto gratis; a la hora de comprarse el coche o la moto del plan Zapatero, según donde se esté se tiene derecho a una ayuda que va desde los 500 a los 2000 euros; empresas fijan sus domicilios fiscales en territorios llamados forales donde el fisco les grava menos (casi como una evasión de impuestos dentro del mismo territorio nacional); en el sur se tolera más no llevar casco en las motos, mientras que en el norte es delito; la autonomia lluviosa no quiere ceder agua de sus ríos a la autonomia seca aunque gobiernen los mismos partidos de igual signo; etc...,etc.... Y muchísimas leyes o reglamentos administrativos de segunda división que aparentemente nadie conoce ni cumple, y todo este embrollo que cuesta mucho dinero, y mucho despilfarro de funcionarios, que cada día lleva más camino a complicarse: por eso ni políticos ni periodistas saben explicar bien a los ciudadanos qué es y en qué consiste ese asunto de la nueva financiación autonómica que prepara el actual gobierno de Zapatero: seguramente nada bueno, y más café para todos, con la diferencia de que algunas autonomías recibirán su café con más o menos leche, o más o menos azúcar; pero no os engañéis: café para todos, quiere decir impuestos para todos, y si además hay que dar de más copa y puro, eso último también habrá que pagarlo, añadiendo además, que algunos finalmente también pedirán churros con el café, pero a cuenta de los gorrones que no van a querer pagar por aquello de la “solidaridad”. Por eso nadie quiere explicar bien quién lo pagará y quién lo recibirá, porque saber la verdad seria todo un escándalo más propio del cuento de Alí Babá y los 40 ladrones.
En algunos territorios españoles, algunas voces hablan de independencia, como en la zona de Galicia, las Vascongadas, o de Cataluña. Si se independizaran, crearían aún muchos más funcionarios y embajadas en el extranjero como lo que de alguna manera ya ha hecho, por ejemplo, el vicepresidente de la Generalitat catalana, el independista Carol Rovira para colocar a sus partidarios, cosa que a los contribuyentes les costaría muchísimo dinero de más a pagar; y además eliminarían totalmente el idioma español, dejándolo al mismo nivel que tienen con el inglés. Afortunadamente los independistas son una minoría insignificante en el espectro electoral, aunque con la suficiente fuerza para hacerse oír e influir en el Parlamento y en algún gobierno autonómico. Pero no debe de olvidarse: que se independice algún territorio de España significa, entre otras cosas, más impuestos para pagar, por ejemplo, más embajadas en el extranjero y crear y mantener un nuevo ejército, aparte de reprimir a aquellos españoles atrapados que no sepan expresarse en el idioma vernáculo del territorio que se independice. Es curioso que, por ejemplo, Melilla: la teóricamente menos española de las ciudades del país, es la que más españolizada se muestra, y los ciudadanos de allí no quieren ni oír hablar ni de independencia ni de anexión a Marruecos. Por eso es sabida la enfervorizada y calurosa acogida que tuvieron con sus Majestades Don Juan Carlos I y Doña Sofía, reyes de España, la vez que fueron de visita oficial a la plaza africana.

¡Pobre España! : entre funcionarios, impuestos, y riesgos de insurrecciones independistas, ¿hasta dónde llegará nuestro viejo reino de siempre?. Mientras tanto, hoy en día, en el año 2009, la tragedia nacional sigue como siempre: ¡fatal!.